Rostros ocultos: los crímenes de odio de la comunidad lgbt+ que no se deben olvidar

El 13 de enero de este año, una manifestación sobre Periférico Sur llamó la atención por la atrocidad que mostraba, y es que en lugar de pancartas, las y los manifestantes cargaban un ataúd.

La marcha fue breve, y aún cuando su consigna intentó ser callada a pitidos por los coches, hubo quien gritó cada vez más fuerte: “ Estamos cansadas de ser invisibilizadas, cansadas de que nos violenten, cansadas de que no nos den oportunidades de salir adelante, nosotras también mantenemos a nuestras familias. A nosotras también nos esperan en casa y a nadie le importa”.

Esa voz fue la de Kenya Cuevas, activista y directora ejecutiva de Casa de las Muñecas Tiresias, asociación civil que se dedica a defender y apoyar a la diversidad sexual en condiciones de calle, privada de la libertad, a trabajadoras sexuales y personas con VIH.

¿Por qué ella? El caso de Kenya es emblemático para la comunidad trans del país. En septiembre del 2016 Kenya Cuevas estaba con Paola Buenrostro en Puente de Alvarado e Insurgentes, en la Ciudad de México, cuando se les acercó alguien en un coche pidiendo servicios sexuales, Paola lo aceptó, se subió y momentos después de estar en el coche sonaron disparos. Paola fue asesinada y Kenya, quien seguía cerca, logró escapar de milagro. El crimen fue denunciado y al asesino lo atraparon, pero dos días después quedó en libertad por falta de pruebas.

A partir de entonces, Kenya luchó por hacer visible el caso de Paola y por darle justicia a su muerte. Pero desde el inicio del proceso se dio cuenta de que, además de las conocidas negligencias de las autoridades, otra cosa apestaba el caso: discriminación por ser mujeres trans y trabajadoras sexuales.

Las irregularidades no dejaron espacio a la duda. A Paola no dejaron de llamarla “Manuel”, “Alejandro”, “sujeto masculino” y “el occiso” durante la investigación de su asesinato, una clara muestra de la negación del derecho de identidad de género. Después de casi tres años de lucha y trabajo de Kenya, en junio del 2019, se logró que el caso de Paola Buenrostro se considerara como el primer transfeminicidio reconocido en la Ciudad de México. Aunque algo no cambia: la víctima no ha tenido acceso a la justicia.

Los males que se acumulan.
A la falta de acceso a la justicia para la comunidad LGBT+ se le suman muchos males, por ejemplo, que por cada caso visible de violencia por preferencia sexual o identidad de género hay por lo menos tres invisibilizados.

Los datos de discriminación son importantes para entender los crímenes de odio, porque nada viene por generación espontánea y todos los signos cuentan.

Lamentablemente, en México esos datos no existen y eso impide ver la magnitud del problema. En pleno mayo del 2020, distintas organizaciones denunciaron que el gobierno de México no ha implementado un registro oficial de crímenes de odio contra la comunidad LGBT+, lo que es grave tomando en cuenta que hay distintos registros como el de Fundación Arcoiris, que de 2014 a 2019 contó 209 casos de crímenes de odio contra la comunidad no heterosexual, y de los cuales solo 182 pudieron considerarse asesinatos, mientras que el resto quedó como “sin especificar”. Y sí, Veracruz y Chihuahua son los estados donde hay más casos, 49 y 37 respectivamente.

No sólo eso, 2019 fue el año con más reportes, 118 según la organización civil Letra Ese.

Como puede intuirse, la población más afectada por crímenes de odio es la de personas trans; el segundo lugar lo ocupan los hombres gays, y los siguientes se reparten entre lesbianas y otras personas dentro del abanico diverso, lo que es problemático porque en el caso de las lesbianas, esta condición no se separa de los casos de feminicidio.

De los datos que las asociaciones civiles van peleando por tener, se sabe que las edades de las víctimas son de no creerse, las más jóvenes tenían entre 5 y 9 años, y la mayor 69. Aunque los asesinatos violentos se concentran en jóvenes entre 20 y 30 años.

Así, a balazos, acuchilladxs, golpeadxs, asfixiadxs, torturadxs o atropelladxs, así matan a los miembros de la comunidad LGBT+, cuyos asesinatos no tienen registros pero sí una constante: violencia extrema.

En México no existen las condiciones para resistir a la violencia. Tal parece que todo está diseñado para que la comunidad LGBT+ apueste por renunciar a la utópica idea de una vida sana, digna y libre.

Sí, es cierto que de 2013 a 2018 se presumieron logros como que en al menos 12 entidades del país, los congresos locales modificaron su legislación para incluir al odio como agravante en los delitos de homicidio; algunas procuradurías generales de justicia de los estados crearon protocolos específicos de actuación, así como unidades o fiscalías especiales de atención a las personas LGBT+.

Pero ante el odio nada es suficiente. No se pide piedad ni compasión, se exigen derechos y justicia para una comunidad que sabe que: ¡nos están matando!