Laura Bozzo: Suspenden orden de aprehensión en su contra, pero deberá pagar esta cifra

La conductora peruana tendrá cinco días para cumplir con la medida cautelar emitada por un Juez
Por: Emilia Zúñiga
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Laura Bozzo
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Luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba detener a Laura Bozzo por presuntamente vender un inmueble que había sido embargado meses antes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de que Alfredo Adame ofreciera una cuantiosa cantidad de dinero por dar con su paradero, trascendió que un Juez federal otorgó la suspensión provisional de la orden de aprehensión contra la conductora peruana.

Esta medida cautelar, impuesta por la autoridad, se estableció ala par de una cifra de 300 mil pesos como garantía, la cual deberá liquidarse en un plazo de cinco días para validar dicha suspensión.

Un fragmento de esta orden fue publicado por el programa 'El Gordo y La Flaca' donde se puede dar cuenta de la resolución impuesta por el Juez.

"En el supuesto de que, si el delito por el que se emitió la medida cautelar reclamada no amerite prisión preventiva oficiosa, los efectos de la concesión son: para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal, es decir, se abstenga de materializar el internamiento ordenado en la determinación reclamada con motivo del procedimiento penal de origen, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, reza parte de este escrito.

De esta manera, si se cumple en tiempo y forma con la medida impuesta, la también abogada podría evitar su encarcelamiento, incluso si fuera detenida por la Fiscalía, hasta que se celebre su audiencia incidental, programada para el próximo lunes 30 de agosto, y donde se determinará si procede la suspensión definitiva.

Sin embargo, la suspensión provisional otorgada no significa que se frene el proceso legal al que Laura Bozzo fue vinculada el pasado miércoles 11 de agosto, luego de se le acusara de, presuntamente, haber vendido un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que garantizaba el pago de un adeudo de más de 13 millones de pesos.